Las centrales albergan un gran problema financiero cuya solución se está difiriendo en el tiempo, como las pensiones. No hay dinero para su jubilación y retrasarla también resultará costoso.
El problema del cierre de las nucleares en España no es energético. Es económico. Si se cierran, el desmantelamiento costaría unos 6.000 millones de euros extra, que ahora nadie tiene. Si no se cierran, se necesitaría esa misma cantidad en inversiones en seguridad, que pocos quieren poner. España se enfrenta con las nucleares a un problema histórico que, en esencia, es muy similar al del sistema de pensiones público. Los siete reactores atómicos actualmente en activo llevan trabajando desde los años ochenta. Entre 2023 y 2028 todos cumplen 40 años de vida útil, empezando por Almaraz, en Extremadura.
No hay dinero suficiente para jubilarlos a todos de golpe. Se podría extender la vida útil de las centrales (retrasar su jubilación) hasta los 50, 60 o más años. Pero eso también tiene inconvenientes. Además de más inversiones en seguridad (Iberdrola las cifró recientemente en 6.000 millones), más años funcionando significaría también más residuos y más costes para gestionarlos. En la práctica, sería dar una patada para adelante al problema.
Todas las miradas ahora están puestas en Enresa. En estos momentos hay un fondo, que gestiona esa empesa estatal, de casi 5.000 millones, para cierres nucleares y gestión de residuos atómicos. Ese fondo se ha nutrido desde hace años con las aportaciones que hacen las propias eléctricas y otras instalaciones con instrumentos radioactivos (por ejemplo, hospitales). El esquema es equivalente a la cotización de la Seguridad Social de todos los trabajadores. Esas cotizaciones deberían servir para pagar prestaciones sanitarias y finalmente, la jubilación.
El fondo de Enresa (una empresa estatal controlada en un 20% por Sepi y en un 80% por Ciemat), tiene dos problemas. El primero es que de los casi 5.000 millones que tiene sólo parte (4.350 millones), es para centrales nucleares y sus residuos. El segundo problema es que el fondo es insuficiente para todo lo que tiene que soportar. Uno de los debates es si ese fondo es insuficiente por un error de cálculo en la cotizaciones que había que aportar, por sobrecostes en el tratamiento de los residuos que ya gestiona Enresa, o por la ineficiencia en la administraicón del fondo, incapaz de superar un 2% de rentabilidad.
La propia Enresa estima en 8.925 millones el coste de la clausura de las nucleares, considerando una vida útil media de 40 años. Esa cifra se eleva a 9.328 millones si la vida útil es de 50 años. Hasta ahora, el problema de la insuficincia del fondo de Enresa, que se conoce desde hace años, no preocupaba en exceso porque se consideraba un problema a largo plazo.
Pero el cierre de la nuclear de Garoña, tras una larga polémica sobre si mantenerla o no abierta, ha destapado la caja de Pandora. Si se hace lo mismo con las demás centrales habría que cerrar una cada año entre 2023 y 2028.
El fondo de pensiones de las nucleares no aguantará, y dificilmente los usuarios, o los Presupuestos del Estado, estarían en condiciones de asumir los casi 6.000 millones extra que se necesitan. La polémica está servida, con ideas variopintas que han empezado a surgir: subir las tasas que pagan las eléctricas, trasladar a éstas el coste de desmantelamiento o subvencionar las inversiones como se subvenciona la deficitaria electricidad extrapeninsular, entre otras.
Fuente: expansion.com